Fiscalía suspende órdenes de captura contra 23 presuntos cabecillas del Valle de Aburrá; Gobernador de Antioquia rechaza la decisión
Estás personas hicieron parte del llamado “tarimazo” que realizó el Presidente Gustavo Petro, en la ciudad de Medellín, hace unos meses.
La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 presuntos cabecillas de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá y parte del Oriente Antioqueño, en el marco de los acercamientos que adelanta el Gobierno Nacional con estos grupos dentro de los espacios de conversación sociojurídica.
Según se ha conocido, la decisión se adoptó tras una solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y tiene como propósito permitir la participación de estas personas como voceros dentro de los diálogos que se desarrollan con organizaciones criminales urbanas.
De acuerdo con la información divulgada, la medida tendría un carácter temporal, inicialmente por un periodo de seis meses, con posibilidad de prórroga dependiendo de los avances del proceso.
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Estos acercamientos hacen parte de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional, que busca establecer mecanismos de diálogo con diferentes estructuras armadas y criminales para reducir los niveles de violencia en varias regiones del país, especialmente en zonas urbanas como Medellín y su área metropolitana.
Sin embargo, la decisión generó reacciones desde el ámbito regional. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su rechazo a la medida a través de un pronunciamiento público.
“Favores se pagan con favores.
En plena época electoral, suspenden órdenes de captura a criminales de bandas en Medellín, su Área Metropolitana y Rionegro.
No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias.
Con margen de movilidad, el riesgo es claro: reacomodo criminal.
Esto golpea a las víctimas y desconoce el sacrificio de nuestra Fuerza Pública, de jueces y fiscales que se han jugado la vida para capturarlos.”
Entre tanto, las autoridades han señalado que, pese a la suspensión de las órdenes de captura, las investigaciones judiciales continúan, mientras se hace seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de los espacios de diálogo.
